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domingo, 6 de abril de 2008

PROCEDAN, RENUNCIO A LA PRESCRIPCIÓN




PROCEDAN, RENUNCIO A LA PRESCRIPCIÓN

Artículo publicado en el Periódico La Nación, en el que Ottón Solís aclara y reta a quiénes están tratando de dañar su reputación

En relación con las noticias de La Nación sobre el escándalo politiquero que quiere armar el gobierno contra este servidor, deseo aclarar lo siguiente. Miembros de mi familia compraron legalmente fincas en Rancho Quemado de Osa a sus legítimos dueños hace 29 años. La tierra comprada era propiedad privada de don Ismael Carvajal y doña Erlinda Ureña. Ambos tenían y tienen otras fincas en la zona. La intervención del IDA fue para dar escrituras no para regalar tierras. Por eso no tenía que hacer estudios socioeconómicos. No se trató de un programa de reforma agraria. El IDA dio escrituras a propietarios que tenían, ahí mismo o en otras zonas del país, fincas grandes, medianas y pequeñas.
Los que quieren dañar mi reputación saben la historia completa y saben que no hay una sola anomalía. Cuando el Estado expropió a la empresa Osa Forestal no toda la tierra era de esa empresa pues desde aún antes de que llegara -a mediados de los años 50- había agricultores con fincas dentro de la zona. Por eso cuando el Estado expropió a la Osa Forestal estaba obligado a reconocer la propiedad privada de esas fincas y a dar las escrituras a sus dueños sin preguntar si los propietarios eran ricos, pobres, agricultores o filósofos. Mi familia compró tierras que desde décadas atrás eran propiedad privada. En el mismo acuerdo en que el IDA dio las escrituras a mi familia se las otorgó a 170 finqueros más. Algunos recibieron títulos por 250 hectáreas, otros por una hectárea, simplemente porque ese era el tamaño de sus propiedades (de acuerdo a planos catastrados o informaciones posesorias de vieja data) y no por que el IDA lo determinara de acuerdo a algún estudio. A nadie se le hizo diagnóstico socioeconómico porque era irrelevante si se trataba de terratenientes o de pequeños propietarios, lo relevante es que eran dueños. A lo largo de los años el IDA ha otorgado escrituras a muchos otros dueños de tierras en la zona y en el resto del país y cuando no se ha tratado de programas de reforma agraria sino de ordenamiento y titulación nunca hace estudios socioeconómicos.
En este caso como en varios otros, la tierra que mis parientes habían comprado se repartió entre varios de los hermanos y hermanas. En el caso de una hija casada su tierra se inscribió a nombre de su esposo, porque así se estilaba en ese entonces o porque la tierra era tan de mis hermanos que con ella podían hacer lo que quisieran: regalarla, abandonarla, traspasársela a un cuñado. etc. Cuando mi hermana y mi cuñado se divorciaron el traspasó la escritura a mi familia.
Mis padres, hermanos y hermanas eran desconocidos y no tenían ningún poder político (al igual que los otros finqueros que también recibieron títulos de tierras localizadas en la zona expropiada a la Osa Forestal) y si lo hubiésemos tenido jamás lo hubiésemos utilizado para beneficiarnos. Yo estaba en mis 20s, década en que viví en Inglaterra la mayor parte del tiempo y Alex mi hermano era estudiante universitario. No se utilizaron nombres falsos, calidades falsas, ni sociedades anónimas, ni testaferros. Todo consta con nuestros nombres y apellidos en documentos públicos como ocurre con cualquier trato honrado, ético y transparente.
En relación con los esfuerzos de uno de mis hermanos para inscribir 85 hectáreas de la tierra original que por errores no se inscribieron, no hay tampoco nada oscuro. La declaración de reserva de esa zona se hizo después de que estas tierras eran propiedad de quienes las vendieron a mis parientes. Todo consta en documentos legales. Así que son legítimamente de mi hermano. ¿O es que en Costa Rica con un simple decreto se expropian propiedades privadas sin pagar nada? ¿O es esa una regla específicamente para mis parientes?
En diciembre del 2001 los corruptos y mentirosos de siempre sacaron este tema en conferencias de prensa y en campos pagados. Lo hicieron pocas semanas antes de las elecciones cuando para mí era difícil encontrar los viejos documentos probatorios de su mentira. Renuncié a cualquier prescripción que pudiese existir y obligué a uno de los políticos corruptos a que me acusara. Los tribunales desecharon su acusación tan pronto como se percataron de la falsedad de las afirmaciones y de la entereza de nuestra actuación.
Apropiarse de tierras del Estado o de campesinos, comprar tierras del Estado, falsear la condición socioeconómica para adquirir un beneficio, mentirle al Estado en una solicitud, son todos actos claramente registrados como delito. No se trata de transgresiones ético-políticas como abusar de los recursos públicos, pasear y comer a costa del Estado, convertir a los hijos en diplomáticos de ocasión, nombrar primos en el servicio exterior o en diputaciones elegibles, pagar favores políticos a periodistas con puestos públicos, desperdiciar una fortuna en una campaña electoral, politizar el magisterio, recibir carros lujosos como regalo de empresarios mala paga, etc. En estos casos lo más que se puede hacer es denunciar al político trasgresor ante la opinión pública.
Pero se me está cuestionando por lo que serían delitos totalmente tipificados en nuestro ordenamiento jurídico y sancionables con penas severas. Por este medio, tal y como lo hice hace 6 años, conmino al gobierno o a alguno de sus diputados a que me acusen ante los tribunales. No utilicen testaferros, háganlo ustedes directamente. Cuenten con mi renuncia a la prescripción y a cualquier condición que pueda impedir ser procesado por los delitos que ustedes alegan se han cometido en este asunto. Así como les resulta fácil poner mi nombre en titulares una semana si y otra también e intentar dañar la honra de mi familia y póstumamente la de mi padre, únicamente por intereses electorales, les debe ser fácil redactar la acusación.
Cuando el PAC ha considerado que un tema es dirimible en un Tribunal, hemos recurrido a la instancia correspondiente. Lo hicimos, por ejemplo, ante el TSE cuando consideramos que había anomalías en el proceso electoral del 2006 o ante la Sala IV cuando consideramos que el TLC tenía inconstitucionalidades. No nos dieron la razón y aceptamos con todas sus implicaciones esas decisiones y para mi han sido asuntos cerrados.
En este caso existen Tribunales, delitos tipificados, jurisprudencia, experiencia judicial y yo, de nuevo, renuncio a la prescripción. Así que no hay excusa. Procedan.