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domingo, 6 de abril de 2008

PROCEDAN, RENUNCIO A LA PRESCRIPCIÓN




PROCEDAN, RENUNCIO A LA PRESCRIPCIÓN

Artículo publicado en el Periódico La Nación, en el que Ottón Solís aclara y reta a quiénes están tratando de dañar su reputación

En relación con las noticias de La Nación sobre el escándalo politiquero que quiere armar el gobierno contra este servidor, deseo aclarar lo siguiente. Miembros de mi familia compraron legalmente fincas en Rancho Quemado de Osa a sus legítimos dueños hace 29 años. La tierra comprada era propiedad privada de don Ismael Carvajal y doña Erlinda Ureña. Ambos tenían y tienen otras fincas en la zona. La intervención del IDA fue para dar escrituras no para regalar tierras. Por eso no tenía que hacer estudios socioeconómicos. No se trató de un programa de reforma agraria. El IDA dio escrituras a propietarios que tenían, ahí mismo o en otras zonas del país, fincas grandes, medianas y pequeñas.
Los que quieren dañar mi reputación saben la historia completa y saben que no hay una sola anomalía. Cuando el Estado expropió a la empresa Osa Forestal no toda la tierra era de esa empresa pues desde aún antes de que llegara -a mediados de los años 50- había agricultores con fincas dentro de la zona. Por eso cuando el Estado expropió a la Osa Forestal estaba obligado a reconocer la propiedad privada de esas fincas y a dar las escrituras a sus dueños sin preguntar si los propietarios eran ricos, pobres, agricultores o filósofos. Mi familia compró tierras que desde décadas atrás eran propiedad privada. En el mismo acuerdo en que el IDA dio las escrituras a mi familia se las otorgó a 170 finqueros más. Algunos recibieron títulos por 250 hectáreas, otros por una hectárea, simplemente porque ese era el tamaño de sus propiedades (de acuerdo a planos catastrados o informaciones posesorias de vieja data) y no por que el IDA lo determinara de acuerdo a algún estudio. A nadie se le hizo diagnóstico socioeconómico porque era irrelevante si se trataba de terratenientes o de pequeños propietarios, lo relevante es que eran dueños. A lo largo de los años el IDA ha otorgado escrituras a muchos otros dueños de tierras en la zona y en el resto del país y cuando no se ha tratado de programas de reforma agraria sino de ordenamiento y titulación nunca hace estudios socioeconómicos.
En este caso como en varios otros, la tierra que mis parientes habían comprado se repartió entre varios de los hermanos y hermanas. En el caso de una hija casada su tierra se inscribió a nombre de su esposo, porque así se estilaba en ese entonces o porque la tierra era tan de mis hermanos que con ella podían hacer lo que quisieran: regalarla, abandonarla, traspasársela a un cuñado. etc. Cuando mi hermana y mi cuñado se divorciaron el traspasó la escritura a mi familia.
Mis padres, hermanos y hermanas eran desconocidos y no tenían ningún poder político (al igual que los otros finqueros que también recibieron títulos de tierras localizadas en la zona expropiada a la Osa Forestal) y si lo hubiésemos tenido jamás lo hubiésemos utilizado para beneficiarnos. Yo estaba en mis 20s, década en que viví en Inglaterra la mayor parte del tiempo y Alex mi hermano era estudiante universitario. No se utilizaron nombres falsos, calidades falsas, ni sociedades anónimas, ni testaferros. Todo consta con nuestros nombres y apellidos en documentos públicos como ocurre con cualquier trato honrado, ético y transparente.
En relación con los esfuerzos de uno de mis hermanos para inscribir 85 hectáreas de la tierra original que por errores no se inscribieron, no hay tampoco nada oscuro. La declaración de reserva de esa zona se hizo después de que estas tierras eran propiedad de quienes las vendieron a mis parientes. Todo consta en documentos legales. Así que son legítimamente de mi hermano. ¿O es que en Costa Rica con un simple decreto se expropian propiedades privadas sin pagar nada? ¿O es esa una regla específicamente para mis parientes?
En diciembre del 2001 los corruptos y mentirosos de siempre sacaron este tema en conferencias de prensa y en campos pagados. Lo hicieron pocas semanas antes de las elecciones cuando para mí era difícil encontrar los viejos documentos probatorios de su mentira. Renuncié a cualquier prescripción que pudiese existir y obligué a uno de los políticos corruptos a que me acusara. Los tribunales desecharon su acusación tan pronto como se percataron de la falsedad de las afirmaciones y de la entereza de nuestra actuación.
Apropiarse de tierras del Estado o de campesinos, comprar tierras del Estado, falsear la condición socioeconómica para adquirir un beneficio, mentirle al Estado en una solicitud, son todos actos claramente registrados como delito. No se trata de transgresiones ético-políticas como abusar de los recursos públicos, pasear y comer a costa del Estado, convertir a los hijos en diplomáticos de ocasión, nombrar primos en el servicio exterior o en diputaciones elegibles, pagar favores políticos a periodistas con puestos públicos, desperdiciar una fortuna en una campaña electoral, politizar el magisterio, recibir carros lujosos como regalo de empresarios mala paga, etc. En estos casos lo más que se puede hacer es denunciar al político trasgresor ante la opinión pública.
Pero se me está cuestionando por lo que serían delitos totalmente tipificados en nuestro ordenamiento jurídico y sancionables con penas severas. Por este medio, tal y como lo hice hace 6 años, conmino al gobierno o a alguno de sus diputados a que me acusen ante los tribunales. No utilicen testaferros, háganlo ustedes directamente. Cuenten con mi renuncia a la prescripción y a cualquier condición que pueda impedir ser procesado por los delitos que ustedes alegan se han cometido en este asunto. Así como les resulta fácil poner mi nombre en titulares una semana si y otra también e intentar dañar la honra de mi familia y póstumamente la de mi padre, únicamente por intereses electorales, les debe ser fácil redactar la acusación.
Cuando el PAC ha considerado que un tema es dirimible en un Tribunal, hemos recurrido a la instancia correspondiente. Lo hicimos, por ejemplo, ante el TSE cuando consideramos que había anomalías en el proceso electoral del 2006 o ante la Sala IV cuando consideramos que el TLC tenía inconstitucionalidades. No nos dieron la razón y aceptamos con todas sus implicaciones esas decisiones y para mi han sido asuntos cerrados.
En este caso existen Tribunales, delitos tipificados, jurisprudencia, experiencia judicial y yo, de nuevo, renuncio a la prescripción. Así que no hay excusa. Procedan.

Para debatir sobre elecciones 2010: ¿Lo mismo de siempre?




Paralelamente a la propuesta que se plantea para escuchar y dialogar entre las cúpulas o entre dirigentes destacados de partidos políticos y de organizaciones sociales antineoliberales, sobre la necesidad de constituir un frente electoral único para el 2010, deberían ponerse de acuerdo en el Estatuto que permita la participación sin restricciones de las bases de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y más importante, de los sin partido, como el primer peldaño que conduce a la conformación de la democracia de participación ciudadana.

Los dirigentes de los partidos y las organizaciones progresistas han intentado, durante más de 35 años, ponerse de acuerdo sobre papeletas electorales coligadas. Con excepción de dos veces de mucho éxito, se fracazó. ¿Por qué no intentar, simultáneamente, permitir, mediante un Estatuto/Padrón-Registro, que los ciudadanos y ciudadanas comunes puedan participar en la toma de decisiones?

El Código Electoral costarricense ha sido conformado, a lo largo de los últimos 50 años, a la medida de las necesidades políticas de la plutocracia neoliberal nacional. Por lo tanto, los mecanismos que ellos han establecido para asegurarse una “delegación pseudo democrática de la voluntad popular” para ejercer el poder político, propician un sistema de partidos políticos que fomenta la corrupción, facilita la manipulación de la voluntad de los electores e impide la participación democrática de los ciudadanos. La evolución de estos partidos políticos arrancó desde el famoso “partido sofá” (de antes de 1960, llamado así porque quienes tomaban decisiones en esos partidos eran cuatro gatos con plata que cabían en un sofá) y luego, mediante reformas electorales amañadas, se consolidó el poder de las llamadas Asambleas Nacionales que eligen un Comité Nacional formado por un presidente, un secretario y un tesorero. Esto es lo que llaman “democracia por delegación o representación”, eufemismo que cae como anillo al dedo para ejercer la plutocracia. La ¿bases ciudadanas? Se dice que en las asambleas distritales se conforman las cantonales; de éstas, las asambleas provinciales y ellas eligen la Asamblea Nacional que nombra el Comité Político Nacional. El presidente es el representante legal (llámese dueño del partido): lo que él no avala, el Registro y el Tribunal Electoral no le da curso. Ese poder absoluto unipersonal propicia la formación de círculos o argollas de “compañeros y amigos” que ejercen el poder con diferentes nombres formales (Directorios, comités, direcciones y amigos del candidato). A partir de allí surge el compadrazgo que se trasmite en la pirámide de poder hacia abajo e impide la participación ciudadana.

La cúpula que controla cada partido burgués no tiene otra intención que asegurarse el usufructo del “poder electoral” (deuda política, diputados, regidores, aprobación de leyes, manejo el presupuesto nacional, elección de magistrados, contralores, etc., control de comisiones de investigación, etc.) y si llega al gobierno, agarrar a Doña Toda para lucrar a lo grande. Por eso los partidos políticos en Costa Rica son legalmente maquinarias electorales y no organizaciones de ciudadanos y ciudadanas electores. Esa es la razón por la que el 40% los electores ya no vota en las elecciones. Del 60% restante, buena parte sucumbe a la eficiencia de las campañas publicitarias que solo la pueden sufragar 2 o 3 “partidos políticos”. Esa es la base y la historia del bipartidismo en Costa Rica. Si preguntáramos cuántos ciudadanos creen que por la vía de los partidos políticos se puede modificar la dirección de la sociedad, la cifra de los que no creen subiría del 80%, pues ni la misma burguesía confía en sus partidos. (Actualmente hay 56 partidos políticos inscritos: 14 nacionales, 14 provinciales y 28 cantonales). ¡Algo huele a podrido en Dinamarca!

Pienso que si queremos impactar en la vida nacional, como electores, debemos luchar por reformar el Código Electoral en el sentido de obligar a los partidos políticos que se inscriban a organizar un Estatuto/Padrón-Registro que permita la participación democrática ciudadana (de masas) como verdadera herramienta para la administración de los poderes públicos. ¿Cuáles podrían ser los elementos de ese Estatuto/Padrón-Registro? Organizar un sistema que permita la participación real, transparente y efectiva de los electores en la organización y uso del poder electoral. Los electores deben elegir a las autoridades locales y nacionales del partido entre su militancia, que debería ser numerosa y bien formada políticamente. Suponemos que si un partido tiene un número de militantes bien formados, superior al 1% del número de ciudadanos inscritos en el Padròn Electoral, seguramente va a producir impacto en la masa electoral. Por ejemplo, si un Cantòn tiene un padrón electoral de 40.000 votantes, 400 militantes bien formados pueden explicar y convencer por lo menos 10 personas y asegurarse 4.000 votos. De esa militancia deben surgir los candidatos a regidores, diputados y la papeleta presidencial en amplias consultas abiertas (elecciones primarias). La militancia debe celebrar los congresos que aprueban los programas de electorales. Esos programas reflejaran la “ideología” o visión del mundo de la masa de militantes. La selección de los candidatos a los puestos de elección popular y los programas electores son resorte de las bases partidarias. Esa sería, lo que podríamos llamar, la reforma electoral necesaria.

Con este razonamiento como referencia, pareciera recomendable iniciar conversaciones de aproximación entre partidos y organizaciones sociales antineoliberales para conformar una gran coalición electoral -que es la única modalidad que permite el Código Electoral actual- y al mismo tiempo, considerar la posibilidad de redactar un Padrón Registro que permita la participación de los partidos coaligados, amplia participación de los sin partido y miembros de las organizaciones sociales, de manera se sienten las bases reales para la organización de las Gran Convención Nacional de la Coalición Antineoliberal.

Hoy por hoy, la tarea prioritaria de todas y todos pareciera ser la alfabetización política popular para ampliar la base militante antineoliberal organizada como una fuerza popular y progresista. Un movimiento para la formación de redes para alcanzar el objetivo estratégico de combatir y derrotar el Proyecto Neoliberal. En la militancia del movimiento debe existir una pluralidad real, concreta, practicante, que asegure el alcance de ese objetivo mediante la unidad en la acción, de tal manera que el movimiento sea una “representación de la pluralidad ideológica antineoliberal que existe en la coyuntura actual”.

El movimiento de comités patrióticos fue la expresión del pensamiento plural antineoliberal, especialmente en las 6 semanas antes del Referéndum, que hizo posible la gran concentración del Paseo Colón. En ese fenómeno se desdibujaron los líderes y las cúpulas formales. Fue un movimiento de la periferia hacia la concentración que no le reconoció liderazgos a nadie. Esto es lo más parecido a un partido de masas.

Si los dirigentes de las formaciones políticas mayores antineoliberales (PAC, FA, PASE y por lo menos 40 de los 56 partidos políticos inscritos) y las organizaciones sociales se pusieran de acuerdo sobre una sola papeleta presidencial, aún cuando no hubiera acuerdo de unidad para elegir diputados y munícipes, ya se habría dado un paso de gran trascendencia pero no se resolvería el problema por el fondo. Sería una victoria electoral carente de soporte popular conciente. Se requiere que un partido y, mejor aún, que todos se organicen para estimular la alfabetización política de los y las ciudadanas, para que el pueblo organizado pueda participar en el ejercicio del poder político para construir la sociedad de todos y para todos.

Rodrigo Gutiérrez Sáenz

Aspiraciones políticas hacen especial esta elección del Directorio Legislativo

La preparación del terreno para el siguiente período presidencial podría variar el rumbo de la estructura política nacional, mientras se especulan nombres de posibles “candidatos”, a lo interno del Ejecutivo no descartan que las aspiraciones políticas incidan a mediano plazo en el reemplazo de sus miembros.

La administración Arias Sánchez enfrenta una etapa importante desde este año y con mayor relevancia cuando en su calendario reste un año y cinco meses, ya que con el paso del tiempo avanza la cuenta regresiva para la precampaña electoral de los partidos.

LA PRENSA LIBRE preguntó al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, desde el punto de vista del Ejecutivo cómo podrían enfrentar esa fase compleja donde los intereses de los otros incidirían en la gestión, precisamente por la cercanía de 2010.

“Con mucho diálogo, mucho respeto para las personas que quieren participar, me imagino que las personas que quieran participar poco a poco van a ir dejando, el Gobierno tiene que ser así, quien aspira a una candidatura o quien aspira a una diputación tendrá que ir pensando en dejar el Gobierno porque tendrá que ir a trabajar en asambleas distritales o la convención que vendrá el próximo año. Eso lo que hace es que el Gobierno tenga que reacomodar sus fichas, su gabinete, viceministros y algunas presidencias ejecutivas. Lo importante es que hay gente capaz en el país y vamos siempre a recurrir a la mejor gente par que nos acompañe en el período final, que son estos dos años” explicó Arias partiendo de su experiencia en el campo político costarricense.
Año legislativo distinto

En cuanto al ambiente legislativo de cara al cierre de la administración Arias Sánchez, y lo que se podría presentar precisamente por las aspiraciones políticas de cada partido, el Ministro de la Presidencia mencionó: “Yo sé y soy conciente de que estamos entrando en un período más complejo, es un período político inclusive ahora antes del 1º de mayo ya hay ciertas convulsiones internas que son normales, hay que reconocer que son normales que hay pequeñas pugnas por las jefaturas de fracción, candidaturas a la presidencia y eso crea ciertas distorsiones, y eso es cierto”.

No obstante, Rodrigo Arias cree que al final todos los diputados tienen claro que independientemente de la visión y aspiraciones de cada fracción existe la conciencia de “concluir una tarea, de sacar la tarea”.

Según dijo, en el Congreso independientemente de las diferencias ideológicas se tiene muy claro que el primer paso y uno de los más importantes es aprobar lo que falta de la agenda complementaria y proyectos ligados a la agenda de desarrollo social y económico del país.

“Yo creo que ahí vamos a caminar bien, la Sala realmente ha hecho una valoración de los proyectos y ha encontrado que todos se ajustan a las normas constitucionales, eso nos da una gran tranquilidad. Ahora pasado mayo, todavía falta mucho, tenemos dos años de gobierno, yo no veo que esté comenzando ninguna campaña política tan pronto”; afirmó Rodrigo Arias al respecto.

Por otra parte, reconoció que este primero de mayo será muy distinto al anterior, porque le reviste la sombra de la precampaña y las aspiraciones de cada fracción con miras a prever cualquier eventual cambio -suponiendo que así ocurriera- a lo interno del Poder Ejecutivo.