MOVIMIENTO DE JOHNNY ARAYA

COMUNICADO DE PRENSA

NUEVA LEY ES UN GRAN AVANCE PARA EL PAÍS

OPINIÓN DE PRECANDIDATO

San José, 13 de febrero. Para el precandidato del Partido Liberación Nacional, Ing. Johnny Araya, la Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, aprobada ayer en la Asamblea Legislativa, representa un importante avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas en la legislación procesal costarricense.

“Durante los últimos años, los grandes vacíos de la normativa costarricense, generaban la revictimización de las personas atacadas por los criminales y sin lugar a dudas fomentaban los altos índices de impunidad que existen en nuestro país, pues sólo el diez por ciento de las denunciantes de delitos recibe respuesta del Poder Judicial”, comentó Araya.

Agregó que “afortunadamente la Asamblea Legislativa, escuchó las propuestas formuladas por diferentes sectores sociales y expertos en derecho penal y procesal penal, que permitieron aprobar una nueva ley, que supera grandemente el proyecto inicial”.

De acuerdo con Araya el nuevo artículo 7 del Código Procesal Penal, agrega a la solución del conflicto, el restablecimiento de los derechos de la víctima y eso marcará un nuevo rumbo a la justicia criminal costarricense, equilibrando a las partes del proceso penal.

“Todavía quedan reformas pendientes, hasta garantizar plenamente los derechos de las víctimas en la Constitución Política y otorgarles mayores garantías dentro del proceso penal. Costa Rica reclama una nueva legislación Penal y Procesal Penal, que rescate eficazmente los derechos de las víctimas y de la sociedad, preservando las garantías para los infractores”, enfatizó Johnny Araya.

“La posibilidad del interrogatorio policial a los sospechosos en las primeras seis horas de la detención, reconoce el nivel técnico y ético del OIJ y la necesidad de otorgarle instrumentos lícitos para la investigación de los delitos”, reconoció Araya.

De acuerdo con su opinión, “las reformas al Código Penal, ajustan a la realidad actual las penas de algunos delitos, como receptación y favorecimiento y no se deja a los “topadores” con una ridícula sanción de cancelación de patente municipal, como se propuso en el proyecto original”.

Finalmente señaló que estos ajustes parciales y urgentes a las leyes penal y procesal, representan un avance significativo, pero “es necesario continuar con la revisión y puesta al día del ordenamiento jurídico, en cuanto a derechos de víctimas, pasando por el Código Penal y el Procesal Penal, hasta las leyes policiales y de ejecución de sentencia.

“Dimos un paso importante, pero no podemos detenernos frente a los ataques de la delincuencia y la elevada impunidad que nos agobia”, acotó el Ing. Johnny Araya.